Edmundo Fayanás Escuer
Rebelión
El agua es fuente de vida fundamental y no reemplazable en el ecosistema mundial. Es un bien vital, perteneciendo de forma comunitaria a los habitantes del planeta. Ninguno de ellos, individualmente o en grupo, tiene el derecho de apropiárselo en forma privada. El agua es un bien patrimonial común a la humanidad del que depende la salud personal y colectiva, así como la agricultura, la industria y la vida doméstica.
En medio de esta fiebre por el “oro azul” ha surgido una industria cuyo valor rondó, según estimaciones del Banco Mundial, el billón de dólares, en el año 2001. Entre las principales industrias del sector, se encuentran las corporaciones multinacionales con fines lucrativos, que ofrecen servicios hídricos o venden agua embotellada, logrando grandes beneficios. Actualmente, estamos asistiendo a una burbuja especulativa en torno al agua. Señores esto es el neoliberalismo.
Entiendo, que el agua pertenece a la economía de los bienes comunes y de la riqueza compartida, no a la economía de la acumulación privada o individual. Su acceso debe considerarse como un derecho fundamental, inalienable, individual y colectivo, haciendo de la ética, la base de una buena sociedad humana y una economía justa.
Para el liberalismo económico, a través de sus multinacionales e instituciones financieras, el agua es un bien económico comercial, como el petróleo, un coche o un televisor. Su acceso, es una necesidad vital, pero no un derecho humano esencial. Los seres humanos son consumidores (clientes de un bien) de un servicio, al que pueden acceder a través de mecanismos de mercado. Como vemos, para el liberalismo todo es mercado1.
Las grandes empresas privadas del agua (Betchel, Vivendi2....) y las instituciones financieras y comerciales, usan su escasez para promover un enfoque de la gestión de los recursos hídricos exclusivamente de mercado. Se argumenta que al privatizar los servicios de agua, se introducen “criterios de mercado” para las inversiones, que determinan las fuentes de donde se va a extraer el agua. Según ellos, los consumidores racionan su uso y las suministradoras privadas eliminan las ineficiencias que reducen los beneficios.
Las compañías privadas, por las reglas mismas de los mercados y por su propio historial, está claro, que no son capaces de gestionar responsablemente el planeta. El capitalismo, como desarrollo natural de la historia, es un MITO. Si aceptamos la privatización de las empresas hídricas de propiedad pública, nos están marcando el camino para el desastre de nuestro medio ambiente. Ejemplos claros de la mitología capitalista son las empresas ENRÓN, WORDCOM, PARMALAT3, o el propio sistema financiero, etc.
Numerosas empresas privadas europeas de servicios de aguas deciden invertir en otras empresas menores situadas la mayoría de ellas en los países de América del Sur. Algunas compañías españolas, como Aguas de Barcelona y Aguas de Bilbao, tienen contratos con municipios argentinos y uruguayos.
La mayoría de las empresas, que intervienen en América del Sur, lo hacen a través de filiales locales de las tres principales multinacionales europeas del sector. Las francesas Vivendi y Suez y la alemana RWE-Thames4. Las tres compañías dan servicio de agua corriente y saneamiento a unos trescientos millones de personas, en más de ciento treinta países.
La francesa Vivendi y Suez están clasificados en los puestos 51º y 99º respectivamente en el Global Fortune5, y la alemana RWE-Thames, está en el puesto 53º.
Los ingresos de estas multinacionales se han incrementado al mismo ritmo que se desarrolla las privatizaciones de los sectores públicos. Vivendi obtuvo más de doce mil millones de dólares de beneficios, en el año 2001, frente a los cinco mil millones de dólares de hace diez años. Suez Lyonnaisse des Eaux ganó más de nueve mil millones de dólares, en el año 2001. Las tres empresas tienen unos ingresos anuales conjuntos de casi 160.000 millones de dólares con unas tasas de crecimiento anual que ronda el 10%, superando como podemos comprobar a muchas economías nacionales en las que intervienen.
Como dice el director de Suez, Sr. During “estamos aquí para ganar dinero”. Tarde o temprano la empresa que invierte tiene que recuperar su inversión, lo cual quiere decir que el cliente tiene que pagar por ella. Como las compañías están motivadas por el ánimo de lucro y no por el ideal de servicio público, no tienen ningún estimulo para suministrar agua a las clases sociales desfavorecidas, lo que está en el origen de muchas catástrofes humanitarias.
Las grandes corporaciones intentan controlarla en gran parte del planeta, con el apoyo de las instituciones financiera mundiales, especulándose que en los próximos años, unas pocas empresas privadas posean el control monopolístico de casi el 75% de este recurso vital para la vida.
La empresa española Técnicas Valencianas de Aguas (TECVASA) se crea en 1999, para concursar en las privatizaciones de América del Sur. Esta empresa no tiene ninguna inversión en España, pero ya ha logrado cuatro concesiones con una duración veinte años. Su volumen de negocios, en el año 2001, ronda los 180 millones de dólares, disponiendo de cuatro filiales: Metroagua en Santa Marta (Colombia), AAA Dominicana (Santo Domingo), Anagua (Ecuador) y AAA (Venezuela)
La empresa Vivendi provocó una reacción popular por la carestía del agua en la provincia de Tucumán (Argentina). En Sudáfrica la empresa concesionaria que suministra a la ciudad de Alexandra Township no tuvo problemas para cortarla al 80% de sus habitantes por falta de pago.
La cantidad de fracasos y reversiones al sector público, son muy superiores a cualquier otro sector en la privatización de los sistemas de agua: Cochabamba, Buenos Aires, Atlanta, Mánila, Paris....., que son experiencias modelos para el Banco Mundial, terminan con la devolución de las empresas a entidades públicas, debido a que la población no acepta los precios de las tarifas y las nuevas reglas del servicio. Estas devoluciones conducen a la presentación de denuncias y exigencias de fuertes indemnizaciones por parte de las multinacionales, por la pérdida de estas concesiones y por lo que llaman “lucro cesante”, que no es otra cosa que los beneficios que tiene previsto llevarse y se quieren llevar.
El primer gran conflicto de la privatización del agua sucede en Bolivia. El Banco Mundial exige a este país la privatización de sus servicios hídricos para poder renovarle un préstamo de 25 millones de dólares. Se privatiza el servicio municipal de Cochabamba (ciudad de medio millón de habitantes) a la empresa norteamericana Betchel6.
Esta empresa procede a aumentar de forma exagerada su precio, una vez que se hace cargo de la concesión, provocando que miles de personas tomen las calles de la ciudad para expresar su descontento por un encarecimiento tan brutal. Se acaba con una huelga general, obligando a la multinacional a dejar el servicio privatizado. Betchel ha llevado al gobierno de Bolivia a los tribunales internacionales, exigiendo una indemnización de 25 millones de dólares como compensación por su pérdida de beneficios. Recomiendo ver la película “también la lluvia” de la directora Itziar Bollain.
El pueblo argentino lleva luchando mucho tiempo contra la privatización de la red de agua corriente pública, en manos de la multinacional francesa Suez, que ha provocado graves casos de corrupción, junto con un alto nivel de contaminación del Río de la Plata, redundándole grandes beneficios a la multinacional.
La difícil situación económica de Argentina producida a partir del 2002, es debido al fracaso de la dolarización de su economía, que provoca la depreciación de su moneda. La multinacional Suez amenaza con renunciar a su contrato de Buenos Aires, si no se le asegura contra la fluctuación de la moneda argentina, que le provoca una reducción de benéficos muy importante.
La empresa española Aguas de Bilbao recibe la concesión del departamento de Maldonado en Uruguay, provocando un aumento del precio del servicio y se disparándose los niveles de contaminación de sus recursos hídricos, lo que origina conflictos sociales permanentes.
El general Pinochet vende el 80% de los ríos de Chile al sector privado, con la finalidad de que se utilice el agua para la producción de energía hidroeléctrica y el consumo agrícola. Endesa7 adquiere gran parte de los sistemas fluviales chielenos para desarrollar sus proyectos hidroeléctricos.
Los sectores pobres de Lima (Perú) pagan a empresas privadas hasta tres dólares el m3, transportándola en cubos y estando muchas veces contaminada, mientras que los sectores más poderosos pagan treinta centavos de dólar por m3, por el agua tratada que sale del grifo de sus casas.
Los guatemaltecos presentan una fuerte oposición por la construcción de cinco presas en el río Usumacinta, cuya finalidad es la producción hidroeléctrica y la irrigación para macro cultivos industrializados destinados a la exportación. Mientras se inundan tierras que sirven para producir alimentos para la población local, que la utilizan para su subsistencia provocando importantes procesos migratorios.
Los indígenas de Chiapas en México se enfrentan a Coca Cola, que intenta asegurarse el control de las reservas acuíferas más importantes del país.
La doctora Maya cita, en 1999, a dos países donde las experiencias no han sido satisfactorias por motivos diferentes. En el caso de los Estados Unidos, las privatizaciones ocasionan una caída en picado de la salubridad del agua potable en muchas ciudades. Millones de norteamericanos han estado, entre los años 1993 y 1994, consumiendo agua contaminada con plomo, pesticidas y productos clorados e incluso en otras ocasiones con la presencia masiva de coliformes fecales.
Las privatizaciones realizadas en el Reino Unido, entre 1990 y 1994, significan un aumento inmediato del 55% del precio del agua. Las empresas tienen importantes beneficios, pese a la multiplicación de averías en la red de suministro, que se ve fuertemente deteriorada por la falta de inversiones, con una clarísima degradación general del servicio. Es mínimo el capital privado que invierte en infraestructuras hídricas, para ello ya tiene al Estado. Por eso, cuando se privatizan los servicios públicos de agua, se produce un deterioro del sistema por falta de inversión
España nos muestra como Servicios Públicos de Aguas, son objeto de valoración muy positiva, como el canal de Isabel II (Madrid), la empresa Municipal de Aguas de Sevilla, Palma de Mallorca, Córdoba, Málaga o la del gran Bilbao, mientras que por otro, ha habido auténticos conflictos y escándalos en los intentos de privatización de los servicios públicos en Zaragoza, Huesca o Toledo, que llevan aparejadas fuertes corrupciones políticas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, comunica en el año 2008 su intención de privatizar el Canal de Isabel II en un porcentaje de un 49%. Esta empresa pública es un modelo de gestión del agua y que además reporta beneficios. Destacándose por su buen funcionamiento. No se entiende ese interés por su privatización si no es, por motivos ideológicos. Todos los madrileños deben de oponerse a esta medida partiendo del hecho que el agua es un derecho humano básico y debe estar fuera de cualquier control de ente privado.
La primera consecuencia de la privatización siempre es la subida de tarifas. Lo mismo debemos recabar de los demás entes públicos que han privatizado sus sistemas hídricos y plantearse devolverlos al sector público del que nunca debieron de salir.
En España, la mitad de los servicios de agua son privados o participados por empresas privadas. Las Administraciones tanto del PP como del PSOE, argumentan que solo traspasan la gestión de los servicios al sector privado. Creen que los grupos empresariales son más eficaces en el mundo del mercado, esto les permite sanear los déficits presupuestarios municipales con el canon que pagan por la concesión, generan inversiones que mejoran la calidad de los servicios, aportan innovación y reducen el coste de la gestión pública.
Sin embargo, la asociación española de operadores públicos de abastecimiento, muestra su disconformidad, pues ellos lo hacen igual y con mucha más transparencia que los entes privados.
La supuesta competitividad tampoco es real. Aseguran que las empresas compiten por hacerse con la concesión, pero que una vez que la consiguen, durante muchos años no tienen que competir. Se hacen con un monopolio natural y sin riesgo. Como dice Pedro Arrojo “el agua es un refugio financiero” y cree que la incorporación de la iniciativa privada también refleja una situación social donde se cree que el mercado es la solución. La idea de que el funcionario es un parásito y los impuestos son malos, da como resultado una mitificación del mercado y una anorexización de la función pública. Las administraciones se encuentran con que cada vez se les pide más y cada vez tienen menos. Entonces se venden los muebles, pero la hipoteca es para los que vienen detrás. Esto lo estamos viendo con el canal de Isabel II en Madrid.
Sirva como modelo a seguir lo sucedido en Paris. Después de 25 años de servicio privatizado del agua, el ayuntamiento optó por rescatar la concesión. Este rescate es debido a la opacidad financiera, una pérdida de control técnico y de la gobernabilidad del sistema de la empresa privada.
Como dice la responsable parisina Anne Le Strat, “la lógica de los operadores privados es financiera, y buscan aumentar los beneficios. Nosotros buscamos que sea un servicio sostenible, perdurable y con equilibrio financiero. Tenemos la estructura, la gobernabilidad y todos los sistemas para ser igual de eficientes. Además se ha firmado un contrato con los ciudadanos que establece los objetivos y los indicadores de prestaciones, lo que permite y nos obliga a un control y evaluación permanente del servicio.
Tras una serie de fracasos de las multinacionales en los países en vías de desarrollo, éstas reivindican ahora una financiación garantizada para no sufrir las fluctuaciones monetarias antes de realizar inversiones en los países del sur, con lo que se ve claramente como buscan el beneficio descarado sin interesarles nada más. El Banco Mundial ha decidido triplicar sus compromisos para la privatización del agua.
La privatización distorsiona todo el problema, al colocar a responsables privados en la posición de vendedores de agua, que la ofrecen solo a aquellos que la pueden pagar en las condiciones, que los primeros quieren ofertar.
El derecho ciudadano se transforma a lo sumo en derecho de consumidor, que son conceptos profundamente diferentes. El primero entraña el poder contar con el producto (la obligación estatal de proveerlo, aún a los que no la tienen), la obligación de protegerla (no agotar las fuentes, renovarlas y acrecentarlas) y la capacidad de la sociedad para demandar en torno a este servicio público. Mientras que, en el segundo se remite a que la empresa no ingrese en insolvencia o incapacidad operativa.
La mejora de los servicios públicos es preferible a la privatización de los recursos de propiedad pública como el agua, los bosques, la pesca o nuestra atmósfera.
El desarrollo y gestión del agua tiene que basarse en un enfoque participativo, que involucre a usuarios, planificadores y administradores en todos lo niveles y en todas las fases. Los sistemas hídricos deben gestionarse en el ámbito local, con criterios y límites que garanticen sistemas equitativos y sostenibles en el ámbito de las cuencas hidrológicas, siempre que sea posible.
En este mundo del negocio, se pretende convertir el agua en un producto más. Hay empresarios que piensan en su exportación a granel mediante mecanismos de desvió a través de gaseoductos, oleoductos o mediante grandes petroleros. Se ha procedido a la reconversión de este tipo de barcos para distribuir el agua en determinadas regiones que están dispuestas a pagar el precio que sea y que tan urgentemente necesitan. Los petroleros más pequeños llevan cargas de agua dulce a las islas Bahamas, mientras que los de mayor capacidad van camino de Japón, Taiwán y Corea.
Varias empresas en el mundo desarrollan tecnologías que les permitan cargar grandes cantidades de agua en grandes sacos herméticos que se remolcan a través de los mares. La compañía Nordic Water de Oslo ha firmado un contrato para la entrega de siete millones de m3 de agua al año en bolsas al norte de Chipre. Durante la llamada “guerra del Golfo” (1991), en la operación Tormenta del Desierto, se utiliza este tipo de sacos de agua para abastecer a las tropas norteamericanas.
¿Es el agua fuente de vida o fuente de lucro? ¿Es un bien natural, vital e insustituible o es un bien económico y una mercancía? Los que sólo buscan el lucro, lo tratan como mercancía. Los que pensamos en la vida, lo vemos como un bien esencial para todos los organismos vivos y para el equilibrio ecológico de la Tierra.
Tener derecho a la vida implica tener derecho al agua potable gratuita. Al existir costes de captación, tratamientos, distribución, uso, rehuso y conservación, estos procesos tienen una dimensión económica innegable, que no debe prevalecer sobre el derecho, antes bien, debe hacerlo real y garantizarlo para todos.
El agua es patrimonio de la Tierra y como tal debe preservarse en el dominio público en todos los tiempos, protegiéndola mediante rigurosas leyes locales, nacionales e internacionales. Lo que está en juego, es la defensa de los bienes comunes, es decir, la idea que a través de nuestras instituciones públicas reconozcamos la existencia de un patrimonio humano y natural común, que ha de ser preservado para las generaciones futuras.
Este recurso vital no debe convertirse en una mercancía que se pretende vender al mejor postor, y que el acceso al agua potable para cubrir nuestras primeras necesidades constituye un derecho humano fundamental. Cada generación debe cerciorarse que sus actividades no empobrezcan su abundancia y su calidad. No se puede escatimar esfuerzos para restablecer la salud de los ecosistemas acuáticos que ya están deteriorados, ni para proteger a los que aún no han sufrido daños.
Desde una nueva concepción del agua, los ríos, lagos y humedales no pueden seguir siendo considerados como simples canales o depósitos de H2O, sino entendidos y destinados como ecosistemas vivos.
De la salud y funcionalidad de estos, se derivan otros muchos servicios y valores sociales, ambientales y emocionales, más allá del valor del agua dulce como recurso económico. Si queremos hablar de gobernabilidad del agua, es preciso identificar y reconocer los valores y funciones en juego. Por ello, el agua es uno de los derechos humanos básicos y en consecuencia, el agua debe ser siempre un bien público.
